Patricia Bullrich: “Juzgar a un periodista por sus opiniones es totalmente contrario a la Constitución Nacional”

En declaraciones en El Chorrillero por CNN Radio San Luis, Patricia Bullrich se solidarizó con el periodista que espera el veredicto de la Justicia de San Luis a raíz de la denuncia que formuló la ex ministra de Educación y actual secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza porque publicó un video donde relata que consumió droga y alcohol.

“En todos los estrados se ha demostrado que cuando se le intenta pedir las fuentes o se lo quiere juzgar por sus opiniones, es totalmente contrario a nuestra Constitución Nacional y a la libertad de expresión, lo único que se hace es cercenar la opinión del periodismo”, sostuvo.

Asimismo, anunció que impulsarán un pedido de informe en la Cámara de Diputados de la Nación para visibilizar lo que sucede en la provincia.

“En algunos lugares donde se aplica un sistema de mayor control, más feudal, con instituciones más coartadas, se lleva a el mecanismo del cercenamiento. Los periodistas tienen el derecho de opinar sobre los funcionarios públicos y estos no pueden juzgarlos por el hecho de que su vida es pública”, consideró la ex ministra de Seguridad de la Nación.

También se refirió a la actitud que tomaron los diputados del PRO en San Luis que fueron funcionales al rodriguezaismo que bloqueó una declaración en defensa de la libertad de expresión. Señaló que el comunicado que sacaron la semana pasada junto a la titular de la fuerza política a nivel local, Gabriela González Riollo “era para demostrar un voto contrario al que hicieron” justamente los legisladores provinciales del PRO.

Bullrich indicó que mantuvieron conversaciones con los legisladores y anticipó que la situación de ambos "está en un debate serio y profundo en el seno del partido”.

“Esto no representa el pensamiento del PRO, no creemos que la libertad de expresión pueda tener una ley como la que tiene en San Luis, solo alcanza con lo que dice la Constitución, no debe legislarse sobre ese derecho y mucho menos llevarse los casos a la Justicia”, sostuvo

A continuación, algunos tramos de la entrevista:

“En todos los estrados se ha demostrado que cuando un periodista se le intenta pedir las fuentes o se lo quiere juzgar por sus opiniones, es totalmente contrario a nuestra Constitución Nacional y a la libertad de expresión. Y lo único que se intenta es cercenar la opinión del periodismo”.

“Como ha habido una controversia en San Luis respecto a esto en la Cámara de Diputados por el rechazo de un proyecto sobre la defensa de la libertad de expresión, queríamos hacer público nuestra posición porque nos parece importante en todo sentido el apoyo a los periodistas que atraviesan situaciones complejas y donde se intenta el manejo de la opinión y Justicia”.

“Esta decisión de hacer una intervención de un comunicado a nivel nacional junto a la presidenta del partido en San Luis, Gabriela González Riollo es para demostrar un voto contrario al que hicieron los diputados (Abdala y Domínguez). Tomamos contacto con ellos, hablamos, tendremos pronto una reunión”.

“El PRO no cree que la libertad de expresión pueda tener una ley especial como la que tiene en San Luis, solo alcanza con lo que dice la Constitución, y mucho menos llevarse a la Justicia los casos donde a un funcionario no le gusta lo que opinen sobre él. Por principio estamos absolutamente en contra del enjuiciamiento. Esto se lo planteamos a uno de los diputados provinciales, con la otra vamos a hablar y está en un debate serio y profundo en el seno del partido”.

“Hoy va a salir un pedido de informe de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación para visibilizar esto que sucede en San Luis”.

“Lo que debe saber un funcionario es que está en el escrutinio público en cualquiera de las conductas que tenga y el periodista siempre va a buscar cuáles son las conductas o actitudes que tiene”.

“En algunos lugares donde se intenta un sistema de mayor control, más feudal, con menos libertad de expresión e instituciones más coartadas, se lleva al mecanismo del cercenamiento”.

“Todos los casos en los que antes de judicializaban a periodistas fueron dejados atrás por la Corte Suprema, pero todavía hay provincias que mantienen un régimen atrasado, feudal. Ellos tienen el derecho de opinar sobre los funcionarios y estos no tienen derecho a juzgarlos, por el hecho de que su vida es pública”.